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Albacete, 5/12/ 2001

El PP pide a Bono que rechace las alegaciones de Albacete al ‘botellón’ 

El Grupo Municipal Popular solicita de la Junta que no tenga en cuenta las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Albacete al proyecto de Ley de Drogodependencias, al tiempo que solicite que se amplie el plazo de alegaciones para que desde Albacete se pueda plantear alguna alternativa en la lucha contra el “botellón”.
El concejal popular, Juan Carlos López, recordó ayer de forma oficial que el pleno del Ayuntamiento de Albacete aprobaba la pasada semana la convocatoria de una mesa de debate donde están representados todos los colectivos y asociaciones implicadas en la problemática del “botellón” (políticos, padres, asociaciones juveniles, de vecinos, hosteleros, etc.), solicitando del alcalde, Manuel Pérez que la convoque cuanto antes.
López Garrido comentaba que “es triste” que haya tenido que ser un grupo de la oposición quién planteé la necesidad de buscar soluciones al botellón mientras “el equipo de gobierno da la espalda a este problema tan grave y ni tan siquiera pone en marcha la mesa de debate que se aprobó por unanimidad en el pleno”.
El concejal popular comentaba en el transcurso de una rueda de prensa que una prueba más de lo poco que le importa al equipo de gobierno este tema es el hecho, “anecdótico” de que la secretaria de la comisión de Acción Social haya tenido que pedir una copia de la moción presentada por el PP, “cuando se supone que tienen el original que se presentó en el pleno”.
López Garrido pidió públicamente que se convoque “con la mayor urgencia” la mencionada mesa de debate donde se puedan discutir posibles soluciones al problema del “botellón”, al tiempo que dirigió que se van a dirigir a la Junta de Comunidades para plantear varias cuestiones.
Por un lado perdir al propio presidente de la Junta que no acepte las alegaciones del Ayuntamiento de Albacete en las que se pedía la anulación del artículo que prohibía la práctica del botellón en la calle “por considerar que conduciría al consumo clandestino de alcohol entre los jóvenes”; así como que se amplie el plazo para la presentación de alegaciones dado por la Junta, hasta que el Ayuntamiento de Albacete “cuente con unas verdaderas alegaciones, ya que las de ahora sólo son del equipo de gobierno”.
Asi el concejal recordaba que fue la propia concejala de Acción Social, Pilar López, quien remitió las mencionadas alegaciones “sin haber consultado abasolutamente con nadie de la oposición, ni de grupos o asociaciones ciudadanas interesadas en acabar con dicha práctica”.
López Garrido comentó por último, que además de la posible prohibición del consumo de alcohol en la vía pública fuera de establecimientos no autorizados, el Ayuntamiento debería plantearse la ampliación de programas de ocio alternativo para los jóvenes, “que alejen a estos del consumo de alcohol durante los fines de semana y los conduzca a otro tipo de prácticas más saludables”.

El PP se dirigirá a Bono para que desestime las alegaciones contra la regulación del ‘botellón’

También pedirá una ampliación del plazo de mociones al anteproyecto de Ley de Drogodependencias

ANA MARTÍNEZ • ALBACETE
El Grupo Municipal del Partido Popular se dirigirá al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y a los consejeros de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata y Tomás Mañas, respectivamente, para solicitarles que dejen sin efecto y no contemplen las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Albacete en contra de la regulación del consumo de alcohol en la vía pública, conocido popularmente como botellón. El concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, justificó esta petición en que las alegaciones presentadas por Albacete «no han sido aprobadas por ningún órgano municipal, sino que ha sido una decisión unilateral del equipo de Gobierno, tomada a espaldas de los colectivos afectados como asociaciones de padres o de vecinos».

El Grupo Municipal del Partido Popular va a dirigirse al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y a los consejeros de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata y Tomás Mañas, respectivamente, para solicitarles que desestimen las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Albacete en contra de la regulación del consumo de alcohol en la vía pública, contemplada en el anteproyecto de la Ley Regional de Drogodependencias.

El concejal popular, Juan Carlos López Garrido, aseguró ayer en rueda de prensa que las alegaciones elaboradas por el consistorio no fueron aprobadas por ningún «órgano municipal», sino que fueron adoptadas «unilateralmente» por el equipo de Gobierno de Pérez Castell y, lo que es más grave, «a espaldas de colectivos afectados como asociaciones de padres, de vecinos y de jóvenes».

Asimismo, desde el Partido Popular se solicitará a la Junta de Comunidades que amplíe el periodo de alegaciones del anteproyecto de Ley Regional de Drogodependencias, hasta que la futura Mesa de Diálogo –«que esperamos se constituya lo antes posible»–, se pronuncie sobre la conveniencia de regular el botellón y la manera en que debe de realizarse dicha regulación.

Según López Garrido, con estas medidas «se recogerá la opinión de todos los colectivos que están implicados en el problema de la práctica del botellón y que son prácticamente todos los ciudadanos».

El concejal del Partido Popular deseó que el Gobierno regional «acepte estos dos planteamientos», que, según Garrido, «no son exclusivos del PP, sino que recogen el sentir de la mayoría de la ciudadanía en general», al tiempo que recomendó a la Junta de Comunidades que no tenga en cuenta las opiniones de la concejal de Acción Social, Pilar López, ni del alcalde Manuel Pérez Castell, porque «la opinión de los agentes sociales están por encima de las opiniones de los políticos».

Juan Carlos López Garrido consideró además que, con estas propuestas, el Gobierno Bono tiene la oportunidad de aplicar la «democracia participativa», una oportunidad que también tiene el alcalde para hacer realidad «su típica frase de ‘vayamos todos juntos’».

Para aplicar esta frase, el edil popular insistió en la necesidad de convocar urgentemente la anunciada Mesa de Diálogo sobre el consumo de alcohol en la vía pública, una iniciativa presentadas por el Partido Popular y que, según Garrido, «el alcalde ha hecho suya a pesar de que nunca ha creído en ella». En este sentido criticó y denunció que en los presupuestos municipales de 2002 el equipo de Gobierno no haya incorporado «absolutamente nada» para elaborar medidas contra esta práctica de beber en la calle.