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Albacete, 23/11/ 2001

 La mayoría de los municipios carecen de ordenanza acústica

La Unión de Consumidores de Albacete acaba de hacer públicas las conclusiones de las I Jornadas sobre contaminación acústica, que organizadas por los consumidores, tuvieron lugar en el campus albaceteño de la Universidad de Castilla-La Mancha con amplia presencia de representantes de colegios profesionales, técnicos de la administración, responsables políticos y representantes de organizaciones sociales, así como ciudadanos particulares afectados por el ruido.
Así, en las mismas se dejó constancia no sólo de la falta de una legislación estatal que permita una normativa coordinada por parte de las administraciones públicas, sino también de que en la mayoría de los municipios de la provincia albaceteña carecen de la correspondiente ordenanza municipal sobre ruidos, y que los ayuntamientos dotados de estas normas, en su mayor parte, son insuficientes y se incumplen casi sistemáticamente.
Arquitectónicamente hablando, existe, tal y como se puso de manifiesto, una normativa sobre insonorización que los propios técnicos contemplan en sus proyectos, si bien se reconoce dificultad para su cumplimiento debido, entre otras razones, a la falta de homologación de algunos materiales empleados en la construcción. Además, según estas jornadas, falta conciencia ciudadana en la exigencia a la hora de adquirir objetos o bienes de consumo que éstos cumplan con los niveles mínimos de decibelios.
Siguiendo con los ciudadanos, también se señaló que es evidente que el ciudadano tiene unos derechos, entre otros, es el de la protección. Reafirmándose, a tal respecto, en la necesidad de que por parte de las diferentes administraciones públicas de acuerdo a sus competencias, se legisle de forma clara para que puedan exigirse las posibles responsabilidades de quien incumpla dicha legislación. Los ayuntamientos y diputaciones, en opinión de los asistentes a estas jornadas, deben, por su parte “dotarse de personal técnico suficiente con el grado de formación adecuado, para el control de las normativas vigentes y de las que en su momento se puedan aprobar”.
Asimismo se demandó que los servicios establecidos actualmente para el control de ruidos adecúen su horario de trabajo al de las actividades que molestan, y que se busque de inmediato por parte de los responsables municipales en colaboración con la Asociación de Hostelería una solución a los graves problemas planteados actualmente por varios vecinos de la ciudad, y caso de no ser posible la solución, se aplique la ordenanza protegiendo por encima de otros intereses, el derecho a la salud de los ciudadanos.
Ya para terminar desde esta joranda se requirió que “el Ayuntamiento de la capital estudie y exija a los diferentes establecimientos de hostelería la publicación de la actividad que pueden ejercer, con horarios de apertura y cierre, así como los niveles de ruido en decibelios que puede emitir, como un derecho claro de información de los usuarios”.