Sin
duda, es una iniciativa que no podemos justificar desde
ningún punto de vista, pero no porque se trate del
domicilio del Alcalde, sino porque no se puede justificar
una actitud - venga desde donde venga - que incite a
romper botellas contra una vivienda, independientemente de
quien habite en ella.
Una
actitud, la de este ciudadano anónimo, que reflejó
claramente la indignación, la pasividad y la desatención
que gran parte de ciudadanos sufren cuando cada fin de
semana, numerosos jóvenes se concentran debajo de sus
domicilios ocasionándoles graves molestias y en algunos
casos - aunque no se puede generalizar - rompen esas
botellas contra la pared o simplemente una vez terminada
su jornada de botellón" las dejan en la calle.
Indignación
que se deriva de la pasividad del PSOE , con el alcalde a
la cabeza, que no ha sido capaz de intentar resolver este
problema que afecta a gran número de ciudadanos, es más,
ni siquiera ha sido capaz de plantear el debate dentro del
Ayuntamiento.
Y
una vez más ha sido el Partido Popular el que ha tenido
que presentar una propuesta para la creación de una Mesa
de Dialogo con el fin de que vea la luz un plan de acción
con medidas concretas para contrarrestar esta ya habitual
practica del botellón.
Sorprende
la rapidez que el alcalde y el propio PSOE han tenido en
este caso para aunar la voluntad de todos los grupos
municipales, en aras a condenar y rechazar este tipo de
actitudes.
Actitudes
que en modo alguno – repito - son justificables, pero
que reflejan como decía antes el malestar y la
indignación de muchos ciudadanos porque sus demandas no
son escuchadas y mucho menos resueltos sus problemas, algo
que es entendible perfectamente, me refiero claro está al
malestar de los ciudadanos.
Pero
¿que habría ocurrido sin en vez de convocar ese
"botellón popular" en el domicilio del alcalde,
hubiera sido en otro lugar? Es más, por qué cada fin de
semana se celebran botellones a los pies del domicilio de
muchos ciudadanos y el alcalde o el propio PSOE no hacen
absolutamente nada?
Seguramente
porque en este caso la concentración se convoca
precisamente ante el domicilio del alcalde. Quizás
deberíamos pedir la opinión a vecinos de Escolapios, del
barrio de la Universidad, la plaza de Carretas o cualquier
otra zona de la ciudad en la que llevan sufriendo ya
algún tiempo estos "saraos juveniles" sin que
se les haya ofrecido una solución.
Supongo
que habrán notado que los problemas no son los mismos
cuando afectan a los ciudadanos que cuando afectan
directamente al alcalde de la ciudad. Todavía hay grupos
políticos, como el PSOE, que parecen pensar que el cargo
público es una discriminación positiva, no un servicio
al ciudadano.
Recuerdo
cuando el propio alcalde pidió el destierro de un medio
de comunicación, una actitud totalmente
anticonstitucional y antidemocrática - aunque poco parece
importarle pues son varias las sentencias por vulneración
de derechos fundamentales que tiene a sus espaldas -;
entonces, el Ayuntamiento no se posicionó en contra de
esa actitud, es más, ni siquiera el propio alcalde
rectificó.
Recuerdo
también cuando el alcalde llamo "cerdos" a más
de 10.000 ciudadanos porque no pensaban como él, entonces
tampoco se hizo ninguna declaración de condena, y tampoco
rectificó. O cuando circuló por la ciudad un panfleto -
también anónimo - que atentaba directamente contra un
medio de comunicación y sus trabajadores, es decir contra
la libertad de expresión; y en este caso tampoco hubo
ningún comunicado de condena.
Tampoco
recuerdo que el alcalde condenara la actitud del esposo de
la actual concejal de Festejos, cuando amenazó a un
representante público que únicamente cumple con su
obligación.
Sin
embargo en todas y cada una de estas situaciones, desde el
Partido Popular, se ha pedido el rechazo para este tipo de
conductas. Pero o no hemos tenido respuesta, o cuando la
hemos tenido no ha sido precisamente la de rechazo frente
a estas actitudes, sino todo lo contrario.
Nadie
puede dudar, y menos en el siglo en el que vivimos, que
cualquier ciudadano tiene el derecho a expresar libremente
sus opiniones y promover aquellas iniciativas - siempre
lícitas - que considere oportuno, utilizando los cauces y
medios que el estado de derecho nos ofrece. Pero no es
menos cierto que los representantes públicos tienen dos
obligaciones fundamentales: atender las demandas de los
ciudadanos y la más importante resolver sus problemas. Y
en este asunto, como en otros muchos, el propio alcalde ni
ha atendido las demandas de los ciudadanos y mucho menos
resuelto sus problemas.