1º. Es falsa su afirmación de que la única comunidad autónoma en la que se ha prohibido el consumo de alcohol en la calle es Valencia. Nos produce mucha sorpresa e inquietud que un alto cargo de la Junta de Comunidades manifieste un desconocimiento tan mayúsculo de la legislación autonómica sobre drogas, circunstancia que se agrava por haber sido ex Director General del Plan contra la Droga de Castilla-La Mancha y en un momento en el que la Junta acaba de asumir las competencias en Sanidad. La situación actual es que hay seis comunidades autónomas que tienen regulado el consumo de alcohol en la vía pública, a saber, la pionera Castilla-León desde 1994, Valencia, Murcia y Cantabria desde 1997, Canarias desde 1998, y Aragón en el 2001. La Comunidad de Madrid y la de Baleares han anunciado una ley similar para esta primavera y en otras comunidades, como por ejemplo, Extremadura se esta discutiendo el asunto.

4º. El señor López, igual que la Comisión Técnica Municipal de Drogodependencias de Albacete, cree que "la prohibición no es solución". Puede que tenga razón en este punto, pero desde luego los anteproyectos de la Ley sobre Drogodependencias y de la Ley contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores están llenas de prohibiciones y restricciones, como no puede ser de otro modo. Salvo que el señor López sea un anarquista que por despiste ejerce cargos en una administración socialista, debería dejar la retórica libertaria y populista con la que se puede simpatizar a los quince años, pero que pone la carne de gallina a quienes sabemos desde la Revolución Francesa que no hay protección de derechos sin leyes positivas y menos en sociedades de masas cada vez más complejas. Baste un ejemplo: en los dos anteproyectos de ley citados se establece la prohibición de venta, suministro y dispensación de tabaco y alcohol a los menores de 18 años, y lo que es más, se establece que las prohibiciones anteriores "no podrán levantarse temporal o definitivamente por la decisión o permisos otorgados por los padres, tutores o guardadores de menores". Menos mal que en este punto el gobierno regional afortunadamente desestima la recomendación de la Comisión Técnica Municipal de Drogodependencias de Albacete que en sus alegaciones estimaba que "debía revisarse el criterio edad, pero quizás de forma específica en este punto, a una reducción a los 16 años". Frente a la retórica radicalmente individualista y libertaria, los poderes públicos, apelando al interés general, limitan la libertad individual de los menores y de sus padres igual que en el caso de la escolarización obligatoria hasta los dieciséis que impone el Estado a todos los españoles.

5º. Sin menospreciar la encomiable labor que realiza en la prevención y tratamiento de las drogodependencias, ACR considera que las alegaciones de la Comisión Técnica Municipal de Drogodependencias de Albacete son inconsistentes, infundadas y sin valor científico alguno. Inconsistentes porque la misma expresión "botellón clandestino" es contradictoria. Si definimos "botellón" como "una concentración de personas en la vía pública con ánimo de consumir alcohol más o menos abusivamente", y "clandestino" como "lo que se hace secretamente por temor a la ley o para eludirla", entonces no acabamos de ver cómo podría elegirse la vía pública, a la vista de todos, para beber "clandestinamente". Sería como elegir la calle para organizar peleas de animales o montar un laboratorio clandestino de drogas de síntesis. Y más importante aún, las alegaciones son infundadas porque no han presentado ningún estudio científico que avale con datos objetivos su afirmación de que la prohibición del botellón en las vías públicas "tendría un efecto contraproducente tanto en orden público como en salud publica pues se potenciaría el consumo clandestino con menos control".

6º. Como la carga de la prueba debe recaer en quien afirma, esperamos que dicha Comisión Técnica o el señor D. José Luis López presenten estudios científicos con todas las garantías metodológicas, que demuestren que este efecto "contraproducente" se ha producido efectivamente en las Comunidades que han regulado el botellón. Si están en condiciones de hacerlo, ACR aceptará la ineficacia de tal medida. Mientras esto no ocurra, entendemos que tal alegación es simplemente una opinión infundada, sin más valor que otra que dijera que "creemos que el botellón esta financiado por Bin Laden para socavar los valores cristianos de la juventud occidental" y solicitamos a nuestros parlamentarios regionales que las desestimen finalmente.