Ley contra el 'botellón'

El borrador de la futura ley sobre el consumo de alcohol en la calle -el botellón-, conocido la semana pasada, responde al compromiso contraído hace tres meses por el ministro Rajoy y viene a ser un intento de unificación de la normativa dispersa en leyes autonómicas y ordenanzas municipales. Se trata de un problema real que tiene dos dimensiones: el consumo de bebidas a edades cada vez más tempranas y las molestias para los vecinos. Fue este último aspecto el que hizo reaccionar a las autoridades, antes de que actuasen por su cuenta los exasperados habitantes de las zonas elegidas por los jóvenes para concentrarse las noches de los fines de semana.

Según el borrador, será ilegal consumir bebidas en la calle cuando suponga alteración de 'la tranquilidad ciudadana o la libre circulación'; se eleva de 16 a 18 años la edad para poder adquirirlas, y se prohíbe la venta nocturna en establecimientos hasta ahora autorizados, como las gasolineras; se prevén multas elevadas para los establecimientos que incumplan esas restricciones, y sanciones con voluntad pedagógica -trabajos de utilidad social- y aviso a los padres para los menores que infrinjan la ley. Además, se refuerzan las restricciones respecto a la publicidad del alcohol.

La experiencia de las comunidades que ya cuentan con medidas similares no es concluyente. No resulta aceptable, en todo caso, el tópico de que las restricciones son contraproducentes porque a los jóvenes les atrae lo prohibido. No hay maduración de la juventud sin aprendizaje de los límites. Los poderes públicos están obligados a garantizar el derecho al descanso de los vecinos, sin que pueda oponérsele el derecho al botellón de quienes lo impiden los fines de semana.

Del debate habido en las comunidades en que existe una normativa similar a la proyectada ley parece deducirse que hay sectores de la izquierda que vacilan entre la crítica al aumento de la intranquilidad ciudadana, de la que culpan a la derecha, y el rechazo a las medidas que buscan remediarlo. Otra cosa es que la ley deba resultar realista. Un puritanismo excesivo -respecto a la publicidad, por ejemplo- o unas medidas inaplicables en la práctica sí pueden tener efectos contrarios al previsto; pero ello depende más de la prudencia al aplicar la norma que de la ley misma.